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Junto con los derechos de información de corte económico, contable y
societario, la Ley reconoce a los representantes de los trabajadores el
derecho a recibir diversa información de índole laboral, información sobre contratación y subcontratación, que puede
desagregarse en información sobre previsión de nuevas contrataciones y
supuestos de subcontratación, información sobre modelos de contrato de
trabajo escrito, información de determinados contratos mediante copia básica,
información de determinados contratos mediante notificación, e información de
otros contratos específicos.
También sumamente relevante para el
correcto desarrollo de la función representativa. En concreto, regula
derechos de información sobre contratación y subcontratación, sobre
determinadas vicisitudes contractuales y sobre otras materiales laborales
(sanciones impuestas a los trabajadores, y determinadas cuestiones
relacionadas con las remuneraciones y la jornada de trabajo).
El comité de empresa tendrá derecho a ser informado trimestralmente “sobre
las previsiones del empresario de celebración de nuevos contratos, con
indicación del número de éstos y de las modalidades y tipos que serán
utilizados, incluidos los contratos a tiempo parcial, la realización de horas
complementarias por los trabajadores contratados a tiempo parcial y de los
supuestos de subcontratación” (art. 64.2.c ET).
El contenido de la
obligación empresarial de informar es, por tanto, doble. Por una parte se
refiere a las previsiones sobre contratación y, por otro, a los supuestos de
subcontratación.
El ET exige al empresario informar a los representantes sobre el número
de nuevos contratos de trabajo que prevé celebrar, y las modalidades y tipos
que serán utilizados.
Las previsiones (de futuro) sobre contratación a que hace referencia la
norma se satisfacen con cálculos razonables, fundados en la evolución de la
empresa y en sus planes, sin que sea posible exigir precisión o exactitud. El
amplio alcance del contenido de la referida obligación de información puede
hacer difícil distinguir el error del dolo empresarial. En términos
generales, sólo una probada ocultación de los planes empresariales podría
considerarse como incumplimiento del precepto, no siendo bastante una mera
discordancia entre lo informado a los representantes de los trabajadores y lo
efectivamente realizado.
En esta lógica, se exceptúan de este deber de informar los nuevos
contratos cuya celebración no puede programarse, por responder a expectativas
de empleo que no era posible prever.
Aunque el ET no condiciona el comentado derecho de los representantes a
la circunstancia de que efectivamente el empresario tenga intención de
realizar contrataciones durante el marco temporal indicado (trimestre), una
interpretación finalista de la norma lleva a concluir que esta información
sólo es exigible del empresario en ese caso. En efecto, si no existe una
efectiva previsión empresarial de futura celebración de nuevos contratos, el
deber de informar “no irá, razonablemente, más allá de lo relativo a la
evolución probable del empleo en la empresa” en respuesta de la obligación
que, con carácter más general, se contempla en el párrafo primero del art.
64.5 ET.
El derecho a recibir información sobre previsiones de contratación
constituye un primer estadio de fiscalización acerca de la corrección o no de
las intenciones empresariales en materia de contratación. No impide, sin
embargo, que el empresario siga ejerciendo de forma exclusiva su poder de organización
en esta materia. Vale precisar, en esta perspectiva, que la información no
supone un compromiso jurídico estricto de celebración de los nuevos contratos
programados.
De otra parte, se trata de una obligación autónoma respecto de la
obligación de entregar copia básica o notificar a los representantes de
ciertos contratos, por lo que el cumplimiento de la obligación de informar
sobre previsiones de contratación no exime de aquellos otros deberes.
Por lo
demás, el ámbito objetivo de la obligación que ahora se comenta es más
amplio, toda vez que alcanza a todos los contratos de trabajo que pretenda
celebrar el empresario, de cualquier clase y modalidad, sin excepciones. En
efecto, el propio precepto estatutario aclara que en la obligación
informativa del empresario quedan incluidos los contratos a tiempo parcial, y
particularmente la realización de horas complementarias por los trabajadores
contratados bajo esa modalidad.
El art. 64.2.c ET también exige al empresario informar a los representantes de los trabajadores sobre “los
supuestos de subcontratación”.
En concreto, el sujeto obligado a
prestar esta información es el empresario principal, en cuanto es el titular
de la organización productiva en cuyo marco ocurre el fenómeno de la
subcontratación.
No parece haber duda respecto de que el legislador ha utilizado la
expresión "subcontratación" en términos genéricos, incluyendo en la
misma tanto los supuestos de subcontratas propiamente tales como los
supuestos de contratas. La discusión doctrinal surge, en primer término, al
determinar si la información sobre contratas y subcontratas debe referirse
exclusivamente a las correspondientes a la propia actividad o también a las
de actividades complementarias. Esta última posición responde mejor a la
finalidad de estos derechos de información, que pretenden fundamentalmente
evitar el fraude y abusos en las contrataciones y subcontrataciones, sin
distinción.
La mayor discrepancia doctrinal se plantea, sin embargo, a la hora de
interpretar si esta referencia genérica a la subcontratación gira sólo en
torno a las contratas y subcontratas, o cabe extenderla a cualquier
manifestación de la descentralización productiva con efectos laborales.
Quienes sostienen esta última tesis se apoyan principalmente en el hecho que la
Ley no limita las modalidades de subcontratación que son objeto de
información (por el contrario, recurre a una fórmula genérica, como se ha
dicho), siendo acertada una interpretación amplia o extensiva del término.
Asimismo, se trata de una interpretación finalista, que resulta más acorde
con los objetivos pretendidos por el legislador.
Otros autores, en cambio, afirman que si bien la amplitud del art. 64.2.c
ET permite una interpretación amplia del término “subcontratación”, no cabe
extenderlo a todo supuesto de descentralización productiva. En efecto,
quedarían comprendidos en la expresión legal todos los supuestos de
externalización de partes del proceso productivo –tanto de la propia
actividad como de cualquier servicio o actividad auxiliar o complementaria– a
otras empresas o personas no vinculadas laboralmente con el empresario
principal. El término “subcontratación” no alcanzaría, sin embargo, a otros
supuestos capaces de actuar como instrumentos de descentralización
productiva, tales como la escisión de sociedades y la constitución de
filiales comunes, reconducibles más bien al fenómeno de la transmisión de
empresa.
En cuanto al contenido de la información, la redacción legal plantea la
duda de si está referida a los supuestos de subcontratación ya celebrados o a
la previsión de futuras subcontrataciones. Respecto de la subcontratación, en
efecto, el precepto analizado no concreta con claridad el contenido material
de la información debida, lo que ha dado espacio a una nueva discusión
doctrinal.
Una interpretación indica que dado que en este caso la norma no hace
referencia explícita y directa a previsiones futuras, como sí ocurre en
materia de contrataciones, en principio la información debe referirse a los
supuestos concretos de subcontratación ya realizadas en la empresa. No
obstante, si existe una expectativa de subcontratar una actividad
desarrollada hasta entonces directamente por la empresa, ésta podría incidir
en otros ámbitos informativos (por ejemplo, en el programa de producción, en
la previsión de nuevos contratos o en la evolución probable del empleo),
debiendo informarse por tal razón.
El comité de empresa, con la periodicidad que proceda en cada caso,
tendrá derecho a conocer los modelos
de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la empresa (art. 64.4.b
ET).
El contenido de este derecho de información es, de este modo, preciso.
Está referido sólo a los modelos contractuales (contratos-tipo) utilizados
por la empresa, y no a los concretos contratos de trabajo que celebra la misma,
sobre los que pesan, en ciertos casos, otras obligaciones informativas. Con
todo, dichos modelos de contrato no se reducen exclusivamente a los modelos
oficiales existentes para determinadas modalidades de contratación, sino que
en la expresión legal deben comprenderse tanto estos como otros típicamente
utilizados por la empresa.
La información viene referida, asimismo, a los modelos de todos los
contratos escritos que se utilicen en la empresa, con independencia de que su
escrituración venga o no exigida legalmente.
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